Mario CASTELLANOS ALCAZAR.
LA FISCALIA OFRECE UN MILLON DE PESOS
Todo empezó el 9 de septiembre del año 2019 con el intento de homicidio en contra de la saxofonista, María Elena Ríos Ortiz, quien fue rociada de ácido, que le causó destrozos en el rostro y partes del cuerpo, en Huajuapan de León, región de la mixteca, cuyo presunto responsable intelectual es el ex diputado priista, Juan Antonio Vera Carrizal, hasta hoy prófugo de la justicia, buscado por mar y tierra por la Interpol por sus siglas en ingles.
A más de 6 meses del atentado en contra de la saxofonista de 26 años de edad, este caso se volvió una leyenda, por una serie de trámites burocráticos y negligencia del aparato judicial y procuración de justicia, que parecía hacer oídos sordos, lo que permitió, el tiempo suficiente para que el indiciado huyera, violando los protocolos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que ciertamente se mostró indiferente y sin argumentos para proceder inmediatamente.
Hasta que por fin, este atentado, y la indiferencia de las instancias de procuración de justicia, se hizo viral a través de los medios de comunicación y las redes sociales, además de politizarse, responsabilizando directamente al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murar Hinojosa, luego de que este intento de feminicidio llegó a plantearse al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien los colectivos de mujeres, organizaciones sociales y políticas le pidieron su apoyo para castigar conforme a derecho a los autores materiales e intelectuales.
Bajo estas presiones secundadas por los diputados locales de la LXIV Legislatura del Estado y el senador por Morena, Salomón Jara Cruz, que incluso llegaron a pedir la destitución del Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, por su incapacidad para proceder en contra de los responsables que causaron daño a la saxofonista, quien el 9 de septiembre del año 2019 fue rociada de ácido en el rostro y todo el cuerpo, lo que le causó quemaduras graves y desfiguro de la cara, hasta entonces la autoridad estatal despertó de su letargo.
El gobierno estatal no aguantó el rechazo de la sociedad oaxaqueña y organismos defensores de los derechos humanos locales, nacionales e internacionales, por lo que, ante las deficiencias del aparato judicial y la falta de los operativos de investigación, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, sorpresivamente anunció una compensación de un millón de pesos para quien, de información del paradero del ex diputado priista, Juan Antonio Vera Carrizal.
El llamado del fiscal fue vehemente a la sociedad oaxaqueña, a la ciudadanía y a todos los sectores sociales a participar en la búsqueda de los responsables de dicho atentado, proporcionando la información a la autoridad correspondiente con la promesa de que todo será confidencial para proteger a quien o quienes den la señal de Vera Carrizal.
Así, a pasos lentos, por fin, el 23 y 27 de diciembre del año 2019, la Fiscalía del Estado logró la detención de un albañil y su hijo, como presuntos autores materiales del intento de feminicidio de María Elena Ríos, vinculados a proceso penal; la víctima está bajo medidas cautelares, al igual que su familia más cercana para evitar que sufran represalias por parte de sus perseguidores, como venganza.
En cuanto a la compensación de un millón de pesos, dicen los observadores, críticos y analistas, que está medida, no resuelve el caso y más bien, se trata de un engaño del gobierno estatal para calmar los ánimos de la sociedad oaxaqueña y otros organismos que rechazan la ineptitud de la Fiscalía de Justicia, sin embargo complica la situación, porque la “mordida”, como se dice coloquialmente, es un tipo de corrupción y soborno, es decir, que la justicia se vende al mejor postor y se aplica la ley con dinero, ante la falta de procedimientos de la investigación, por lo que todo esto, es “atole con el dedo” para aparentar que en Oaxaca , si, se aplica la ley a los infractores del estado de derecho.
Todo refleja, la falta de conciencia de los impartidores de la justicia y la sociedad en su conjunto, que se presta a estas maniobras de los gobiernos en turno, todo, para tapar la corrupción en la aplicación de la ley, pero, esta corrupción se tapa con más corrupción, es decir, todo se arregla con dinero, más cuando al gobierno ya le aprieta el zapato y tiene que hacer uso de sus mejores argucias, si, después, del “ niño ahogado”, sin embargo todo se complica en materia de justicia, no solo en Oaxaca, sino a nivel nacional.
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