- Señalan que gobierno de Oaxaca, desacata sentencia de amparo dictada por la jueza Primero de Distrito en el estado de Oaxaca,
- Por promover “consultas simuladas” para autorizar proyecto eólico en Unión Hidalgo
- Denuncian hostigamiento y acoso a líderes comunitarios a favor de la empresa Electricité de France (EDF) en México.
Por: María Dolores Peñaloza
Organizaciones sociales denunciaron a través de un comunicado de prensa, que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa no ha cumplido la sentencia de amparo que dictó la jueza Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, Elizabeth Franco Cervantes, al suplantar a las autoridades federales para impulsar “consultas simuladas” en Unión Hidalgo y aprobar la construcción del parque eólico Central Eólica Gunaa Sicarú, promovido por la multinacional francesa Electricité de France (EDF).
El coordinador del área de justicia del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Juan Antonio López Cruz, dijo en conferencia de prensa que “ya iniciamos un procedimiento de queja en Francia por incumplimiento de la empresa EDF al violar los derechos humanos y los tratados internacionales de respeto a los pueblos originarios”.
Cabe señalar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su artículo 81, que señala las limitaciones del cargo de gobernador, en la fracción V, que señala que el gobernador no podrá intervenir en las funciones del poder judicial, ni dictar providencia alguna que retarde o impida tales funciones.
ProDESC y nueve organizaciones civiles aliadas, entre ellas Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), denunciaron lo que llamaron un “alarmante aumento del hostigamiento y acoso a los líderes comunitarios con el objetivo de amedrentarlos para que los intereses de Electricité de France (EDF) en México se impongan sin respeto alguno a la ley y a los Derechos Humanos”.
Como ejemplo de las violaciones a sus derechos, el abogado Ángel Alberto Hernández Rivera del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha A. C. (CODIGO DH), detalló que en la última sesión de consulta los funcionarios públicos usaron “un lenguaje técnico que absolutamente nadie entendió” y que hubo una mala traducción al zapoteco.
Los activistas reconocieron la decisión de la jueza Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, Elizabeth Franco Cervantes quien al dictar una sentencia de amparo en favor de la comunidad Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, busca garantizar de manera efectiva la realización de una consulta informada y libre para que sea la comunidad quien apruebe o rechace la construcción del parque eólico Central Eólica Gunaa Sicarú, promovido por filiales mexicanas de la multinacional francesa Electricité de France (EDF)
Los denunciantes señalaron que “a pesar de los amparos otorgados por la jueza Franco Cervantes, la Secretaría de Energía, el gobierno del Estado de Oaxaca y las autoridades del municipio de Unión Hidalgo, continúan presionando para que la consulta, que la jueza ordenó mediante su sentencia, se desarrolle de manera inadecuada violentando así el derecho al consentimiento libre, previo e informado”.
Dijeron que están padeciendo “un sistema que discrimina estructuralmente a los pueblos y comunidades indígenas, sumando a contextos de estigmatización, criminalización y violencia contra indígenas defensoras y defensores de derechos humanos, favorece intereses de empresas transnacionales y de la iniciativa privada por sobre los de los pueblos y comunidades.
Entre los firmantes del comunicado se encuentran el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha A. C. (CODIGO DH), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. (CONSORCIO OAXACA), Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), Tequio Jurídico A.C, Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER), Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C., Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos A.C. (CMDPDH).
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