EL PACTO DE CIVILIDAD TRIQUI, UNA FALSEDAD
Por: Mario CASTELLANOS ALCÁZAR
El Pacto de Civilidad Para la Paz en la región indígena triqui de Oaxaca quedó en suspenso, sólo fue una fantasía del Gobierno Federal y Estatal, que, por falta de interacción, no se llevó a cabo- y la violencia sigue- y los indígenas del Movimiento Unificador de la Lucha Triqui Independiente (MULTI) siguen plantados en la ciudad de México desde hace un año.
El mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a firmar un pacto de civilidad entre las partes en pugna con la interrelación del Gobierno Estatal, pero en la instancia local no hubo coordinación, por tanto, sigue la violencia, presuntamente propiciada por el Movimiento Unificador de la Lucha Triqui (MULT) en contra del MULTI.
El Secretario General del Gobierno de Oaxaca, Francisco García López, principal interlocutor para la solución de los conflictos, no tiene la capacidad operativa, técnica, ni administrativa para convocar a las partes en pugna de la región triqui a efecto de firmar el pacto de civilidad anhelado, que mucho ayudaría a solucionar los conflictos sociopolíticos de los indígenas.
Todo quedó, así, decenas de indígenas desplazados de Tierra Blanca, región triqui, luego de haber sido violentados, despojados, y de haber sido incendiadas sus casas, llegaron a la capital oaxaqueña en busca de justicia- lo único que encontraron es más violencia presuntamente del gobierno.
Los triquis del MULTI, habían bloqueado la carretera internacional a la altura de Hacienda Blanca para exigir su retorno a su tierra natal, sin embargo, ante la falta de diálogo del gobierno estatal, fueron desalojados violentamente con armas de fuego, cohetones y otros proyectiles, por civiles del valle de Etla con un saldo de 2 heridos.
Todo estaba fraguado, y la responsabilidad recayó en el entonces Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Heliodoro Díaz Escárraga, quien hizo caso omiso de la seguridad a los indígenas, que debieron haber estado protegidos por las fuerzas policiacas, pero no fue así, y todo, por la omisión de las autoridades locales, que fueron rebasadas por las protestas de los desplazados.
Decepcionados se trasladaron a la ciudad de México en donde se plantaron en la Secretaría de Gobernación y Bellas Artes para exigir la intervención del Gobierno Federal, cuya demanda es la misma: regresar a su tierra de origen, a Oaxaca – y por supuesto a su región, pero con plena seguridad y la presencia permanente de la Guardia Nacional.
Resulta que la Jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaun, también desalojó con lujo de violencia a los triquis, haciendo uso de la policía capitalina “porque ya huelen mal” (discriminación racial). Los envió a un albergue inhumano, que no tiene las condiciones sanitarias ni los servicios necesarios.
Pero, sí culpa, y responsabiliza al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa a quien llamó la atención y exige que los regrese a Oaxaca- y desde luego- les resuelva sus problemas hasta regresarlos a su lugar de origen: tierra Blanca, región triqui.
Lo cierto es que el gobierno estatal no tiene la estructura social, ni el principio de autoridad, ni equipo de trabajo técnico- administrativo para solucionar este y muchos problemas más, no obstante, que, en el tema de los triquis, existe un manoseo de las fuerzas políticas en el mismo gobierno, lo grupos de poder y las organizaciones sociales.
Incluso, el gobierno estatal y federal habían acordado que los desplazados regresarían a Tierra Blanca, Copala, el 25 de julio del año 2021, desde luego con un equipo de seguridad de la Guardia Nacional, pero ante las presiones de los opositores del Movimiento Unificador de la Lucha Triqui (MULT) y diputados de MORENA de la región, todo se vino abajo.
Los opositores condenaron el regreso de los desplazados, argumentando que no hay condiciones y de hacerlo, estallaría nuevamente la violencia, asimismo, no permitirían por ningún motivo la presencia de la Guardia Nacional, ni del Ejército Mexicano, más bien fue una amenaza.
Estas dos corporaciones de seguridad, anteriormente, ya habían sido expulsadas con violencia de la región triqui, porque así es la ley del “garrote”de los grupos de poder de dicha región en donde impera la fuerza caciquil- y ninguna otra autoridad puede tomar decisiones que alienten la paz, la estabilidad social y política.
