ARENA POLITICA

LA DESAPARICION DE LOS NORMALISTAS.

Mario CASTELLANOS ALCAZAR.

A seis años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Estado de Guerrero, no hay indicios del paradero de los estudiantes detenidos, asesinados e incinerados el 26 de septiembre del año 2014, según
versión oficial del Procurador General de la República (PGR), de ese, entonces, Jesús Murillo Karam.
Es un caso brutal que causó irritación social, no solo en el territorio mexicano, sino a nivel mundial; se trató de un hecho inaudito y abominable, que puso de manifiesto la corrupción del sistema político mexicano, cuya
responsabilidad recayó en el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto (PRI), quien simuló la llamada “Verdad Histórica” con la versión de que los normalistas habían sido detenidos por la policía municipal de Iguala, la
estatal y federal, entregados a la delincuencia organizada bajo oscuros intereses hasta hoy inconfesables.
Además, de que, el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam tergiverso las investigaciones- y lo más, que llegó a decir, dentro de “La Verdad Histórica “, es que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero de Colula, sin embargo, esta versión maquinada fue desmentida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, según investigaciones de expertos en la materia.
La corrupción y la descomposición social , en el gobierno de Peña Neto, fueron los detonantes de las instituciones encargadas de la procuración de la justicia, cuestión que le causó graves problemas sociales- y más que todo políticos, a este gobierno, pues con esto, se le vino abajo la poca credibilidad que le quedaba, ante la inconformidad generalizada en el territorio mexicano y en el extranjero, por lo que también, tuvo deméritos en sus relaciones diplomáticas en los confines internacionales.

Vino la revuelta- y el entonces candidato a la presidencia de México por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, en su campaña electoral del año 2018, abanderó dicho reclamo
social y de los padres de familia de los normalistas, argumentado que de llegar a la silla presidencial retomaría el caso hasta llegar a las últimas consecuencias, motivo que le dio certidumbre y por supuesto el respaldo de
la comunidad estudiantil, no solo de Guerrero, sino a nivel general, principalmente de los padres de familia.
Esto, debido a que los mismos padres de familia y la sociedad, que aguardaban una respuesta congruente y apegada a la realidad, nunca creyeron, y por tanto, rechazaron la llamada “ Verdad Histórica” del gobierno priista de Peña Nieto- y empezaron a exigir nuevas investigaciones, por lo que sí, vieron con buenos ojos el apoyo que les había brindado López Obrador, que por supuesto, ya siendo presidente empezó a tener contacto de la comunidad estudiantil.
Y así, fue, se descalificó la “Verdad Histórica”- y Obrador, instaló La Comisión Presidencial por la Verdad- y a la ves creó la Fiscalía Especial, que si bien, esta medida tiene tintes políticos, no importa, siempre y cuando se llegue al fondo de las investigaciones y se dé a conocer el paradero de los normalistas.
Incluso, apenas hace unos días, el presidente López Obrador se reunió con los padres de familia de los estudiantes malogrados para informarles del avance da las investigaciones, reiterando que abarcará el requerimiento, incluso, serán juzgados, funcionarios y ex funcionarios de aquellos tiempos de la desaparición de los estudiantes, hasta llegar a las últimas consecuencias.
Uno de estos es el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la Republica (PGR) de ese entonces, Tomás Cerón, acusado de delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada, ocultado en Alemania, por lo que se acelera el proceso para detener o extraditarlo al territorio mexicano.
Asimismo se procederá contra mandos militares del nivel medio del Ejercito Mexicano, presuntamente, involucrados en la desaparición de los normalistas por su complicidad o actos de omisión, lo que precisamente había ocultado el ex presidente Enrique Peña Nieto- y en las mismas condiciones se procederá en contra del jefe del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, José Rodríguez Pérez, quien ya sabía del ataque a los estudiantes, pero nunca actuó, por lo que se convirtió en cómplice, quien fue protegido a ultranza por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Mientras tanto, los normalistas de Ayotzinapa con motivo del sexto aniversario de la desaparición de sus compañeros, iniciaron días antes del 26 de septiembre, intensas manifestaciones de protesta para exigir justicia
contra los criminales de los caídos, incluso, han llegado a la violencia, ante la irresponsabilidad del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quien se ha mantenido al margen de la demanda de justicia.
Los normalitas, grupos y organizaciones afines, en una de sus manifestaciones, incendiaron el inmueble del Congreso del Estado de Guerrero, pero antes, ya lo habían hecho con otras instituciones judiciales, a la vez, las acciones de protesta se repetirán en la ciudad de México y en otras entidades del país para exigir la aplicación de la justicia por los hechos de Ayotzinapa.

carloscastellanos52@hotmail.com

Entradas relacionadas