CONSULTA CIUDADANA, LEGAL O ILEGAL?
Mario CASTELLANOS ALCAZAR.
- EXPRESIDENTES A CONSULTA CIUDADANA.
La contrastante política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pone en tela de duda la consulta ciudadana propuesta por el mimo para ejercer acción penal en contra de los expresidentes de México: Carlos Salinas de Gortari (PRI), Ernesto Zedillo (PRI), Vicente Fox Quezada (PAN), Felipe Calderón Hinojosa (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI) por diversos delitos de corrupción y de lesa humanidad.
¿O es consulta ciudadana para que el pueblo decida, si estos ex presidentes serán juzgados en una especie de tribunal ciudadano a voluntad o criterio de la voz populi, o es un acto en apego al Estado de Derecho de acuerdo a la ley y la aplicación de la justicia, que parece sesgarse, más en el ámbito político?
El presidente Obrador tiene el “sartén por el mango” y, por cierto, cuenta con la anuencia de la ciudadanía por el hecho de estar combatiendo la corrupción, que a todo mundo agrada y ve con buenos ojos, más en México, en donde los expresidentes han cometido una serie de abusos de autoridad, que rayan en la mediocridad y la incesante corrupción, que ha dejado al país en una estela de pobreza, marginación, violencia y fraude al por mayor.
Una deuda pública de los once billones de pesos, que ha dejado al país en una desgracia nacional, en un bajo índice de bienestar social para los mexicanos, que reduce los niveles en la educación, seguridad, en la salud, la cultura y en todos los servicios públicos, que se traducen en el fatal desempleo y la falta de crecimiento económico.
De tanta corrupción, no se tiene duda, por lo que los mexicanos apoyarían la consulta ciudadana para que se juzgue con el peso de la ley a los expresidentes, pero esto, podría ser un atentado en contra de la autonomía del Poder Judicial, porque el presidencialismo lo está dejando a un lado, pues tal parece que se antepone el interés político por encima de lo jurídico.
No respetar la autonomía de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo es violar la Constitución Federal- y esto también es corrupción, empoderamiento omnímodo, que llevaría a los mexicanos a la extraterritorialidad de los poderes, que sí, deberían respetarse para lograr la armonía y la convivencia sana de los actores políticos y de la sociedad en su conjunto.
Si este asunto se analiza y reflexiona, el tema de la corrupción y la aplicación de la ley por la vía judicial, no necesita la consulta ciudadana, basta con el apego al derecho y la aplicación del código penal, siempre y cuando haya pruebas fehacientes de las imputaciones hechas a los expresidentes mexicanos.
Si se les juzga, dicen los juristas, de acuerdo al tribunal ciudadano, en casos como estos- lo que diga el pueblo, que va a decir que sí, es por demás vano en el caso que no haya pruebas o que los delitos suscribieron, o que su defensa los libere, ¿cómo quedaría la ley o la justicia?, sin argumentos- y todo sería un arrebato y abuso del poder.
En realidad no se necesita de una consulta ciudadana para encarcelar a los protagonistas de la corrupción, porque pruebas en su contra si las hay y para eso, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Tribunal Judicial, con esto ya tiene los argumentos para proceder al enjuiciamiento requerido- y es todo lo que se tiene que hacer, no obstante, en realidad, es una llamarada de petate, que ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abalaría una consulta para este caso, que violaría los derechos humanos de la ciudadanía o de los inculpados.
En este caso hay que reconocer la voluntad política del presidente Obrador por su buena intención de acabar con la corrupción, por lo que, sin duda, cuenta con la anuencia del 70 por ciento de las preferencias y por consiguiente la aplicación de la ley debe ejercerse con honorabilidad y justicia social.
Todo esto viene a colación porque es el tema de hoy, que se ha generalizado en las últimas semanas en el combate a la corrupción, que también, se ha todo como bandera política de los protagonistas de cara al proceso electoral del año 2020- 2021 para elegir en el país a 15 gobernadores, diputados y presidentes municipales, por lo que la clase política trata de llevar agua a su molino, descuidando otros flagelos, como lo es la misma pandemia del coronavirus, que hasta hoy ha dejado más de 62 mil muertes, pero también, afecta a los mexicanos la recesión de la economía, la falta de empleos, la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada.
Sin duda, que es la lucha por el poder político y económico, lo que ha dado lugar a un enfrascamiento entre el Gobierno Federal de la izquierda mexicana y los conservadores de la derecha, que poco han hecho para reactivar la economía y frenar los efectos del COVID- 19, sobre todo estos últimos, que no tienen propuestas propositivas.
Y mientras los conservadores, es decir, los que perdieron el poder político en el proceso electoral del año 2018: la presidencia de México y el Poder Legislativo, están en contra de lo que provenga del gobierno de la Cuarta Transformación de México, el presidente no ceja en su intento de la consulta ciudadana, la cual, dice, que podría ser solicitada por la misma ciudadanía, el Poder Legislativo y en el último de los casos lo haría el mismo, de lo que podría ser una consulta legal aprobada y sancionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aquí, va estar el detalle, porque no es lo legal, siempre y cuando se trate de un asunto netamente judicial. Además, dijo, que él no votaría en contra de los expresidentes.
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