MURAT SE TAMBALEA ANTE EL COVID- 19
Mario CASTELLANOS ALCAZAR
En pleno repunte del coronavirus- COVID- 19, los comerciantes formales del primer cuadro de la capital oaxaqueña rompieron con las medidas restrictivas del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien decretó medidas aleatorias para protegerse de la pandemia.
Los comerciantes habían cerrado sus negocios para guardar la cuarentena según lo establece el decreto de Murat Hinojosa, quien había anunciado cárcel hasta por 36 horas, multas, sanciones administrativas, así como la clausura de los comercios que no cumplieran con el decreto establecido anticonstitucionalmente.
Todo se fue al cesto de la basura, ya que los comerciantes formales del centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez decidieron decir no, al dictamen del gobierno estatal y todo se vino abajo, por lo que a partir de esta fecha empezaron abrir sus negocios, aunque cumplirán con otras medidas restrictivas como el cubre bocas, mascarillas, caretas, gel antibacterial y otros implementos.
Así también los arrestos hasta por 36 horas a las personas que anden en las calles sin justificación alguna quedarán sin efecto porque se trata de una violación a los derechos humanos, ante la contingencia de la pandemia del CIVID 19, que en Oaxaca ya lleva 23 muertes.
Fue el Comité de Defensa Integral de los Derechos Humanos el organismo que interpuso un amparo ante el juzgado del Décimo Primer Distrito de Oaxaca, contra dichas medidas coercitivas, por lo que judicialmente quedó sin efecto el decreto de Murat, quien había impuesto cárcel y multas a quienes infringieran las medidas sanitarias por haber sido calificadas como anticonstitucionales.
Por tanto, el gobierno estatal se tambalea en su política anti pandemia, por lo que pudiera sobrevenir un rebrote de funestas consecuencias, lo que implica una revisión inmediata de sus medidas de prevención contra la pandemia, que amenaza con cobrar más vidas, ante la falta de infraestructura hospitalaria en la entidad oaxaqueña y asimismo la carencia de medicamentos y equipos para proteger la vida del personal médico y paramédico.
Se espera que con la acción de los comerciantes formales, que están al corriente de sus impuestos, además de producir empleos, los tendajones y otros pequeños y medianos comercios abrirán sus puertas al público, mientras los grandes centros comerciales nunca han cumplido con las reglas sanitarias, por lo que siempre han mantenido sus puertas abiertas.
No obstante, el ambulantaje sigue expendiendo sus mercancías en las calles de la capital oaxaqueña, sin ninguna medida de prevención del coronavirus, ante la apatía del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo Jarquín (MORENA), quien nunca ha tenido el control total del ambulantaje, menos ahora en la contingencia, por lo que este sector de la economía informal hace lo que quiere, ante la falta de coordinación con el gobierno estatal.
El gobernante estatal ha perdido el control, no solo en la capital oaxaqueña, sino en toda la entidad, en donde los municipios actúan por su propia irresponsabilidad. Hacen cosas buenas que parecen malas, violando los derechos humanos de la ciudadanía, ante las medidas coercitivas de los presidentes municipales, que imponen sus aberraciones, por ejemplo, tapan los accesos de las comunidades para no dejar entrar ni salir a la gente, menos a los que no son originarios de esas poblaciones, así, como a los carros repartidores de mercancías.
Esto ha causado serios problemas y enfrentamientos entre ciudadanos, autoridades y comunidades entre sí, como lo ocurrido, el reciente pasado 3 de mayo en el municipio de San Mateo del Mar, región del Istmo de Tehuantepec, en donde se registró un enfrentamiento en la agencia de Huatzantlán del Río con un saldo de un muerto, dos viviendas y cuatro vehículos de motor incendiados, así como la detención del agente municipal de Laguna de Santa Cruz.
Todo, porque hay un retén en el municipio de San Mateo del Mar, como medida de prevención del cerco sanitario por la pandemia del coronavirus y por no dejar pasar a la ciudadanía, situación que se recrudeció por el problema político postelectoral entre las comunidades de esa región.
Por todo esto, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos interpuso un amparo ante el juzgado del Décimo Primer Distrito de Oaxaca, que jurídicamente concedió y por supuesto dejó sin efecto el decreto del gobernador Murat Hinojosa, que imponía cárcel y multas a quienes no cumplieran con las reglas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus,
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