ERROR LEGISLATIVO
Por: Carlos CASTELLANOS ALCÁZAR
- Reculan la privatización de la propiedad social.
Fue un craso error de los diputados de MORENA de la LXV Legislatura del Estado de Oaxaca, como muchos ha cometido- el haber aprobado recientemente la Ley de Ingresos del ejercicio 2024, modificando el artículo 25, para decretar que la propiedad social agraria- ejidos y tierras comunales- pasaran a la propiedad privada, que por supuesto- no es un tema menor- y así fue.
Los diputados cegatones, manipulados por su dirigente cameral, Sergio López Sánchez, una vez más- demuestran su ineptitud y falta de oficio político, por lo que aprueban y derogan sus mismas leyes, que también- son rebotadas por el Poder Judicial.
Fue un error histórico del Ejecutivo y del Legislativo hacer está maniobra en pleno proceso electoral para elegir al presidente de México, senadores, diputados y autoridades municipales de esta entidad, pues- repercutiría contra los candidatos de MORENA del régimen en turno, a través del voto de castigo.
Tanto, que- por las presiones de los ejidatarios, comuneros y organizaciones agrarias, el gobernante oaxaqueño tuvo que aceptar la derogación de su proyecto para evitar que las tierras sociales pasen a los bienes privados, como ya se tenía establecido por ley.
Lo que- no- se vale- es que- el jefe del palacio del gobierno estatal- para excusarse de su agravio a la propiedad social- al igual que el Gobierno Federal- busca a un culpable para lavarse las manos, esta vez, así lo hizo, responsabilizando a los medios de comunicación- de tergiversar la información respecto al artículo 25 de la Ley de Ingresos, pero esto- no borra la incidencia oficial, sino, más bien- complica su reputación.
Fue el gobernador, Salomón Jara Cruz, quien había enviado al Congreso del Estado la iniciativa de aprobación de la Ley de Ingresos- en la que ya, se preveía- la desaparición del régimen social de la tierra para transferir los ejidos y tierras comunales a la propiedad privada, lo que de inmediato despertó el rechazo a dicho mandato, pues fue tomado como un atentado al patrimonio social- que se deriva de los derechos agrarios.
Se atentó contra la propia historia- derivada de una revolución agraria, que reconoce la propiedad social como un legado de los antepasados- que lucharon y dieron su vida por la defensa de los ejidos y bienes comunales, que no se podrían permitir, que se gravaran con impuestos al pago predial, que según- favorecería- a la recaudación de ingresos para beneficios de los municipios.
Esto- no fue fácil, una vez, aprobada dicha ley de gravamen a las tierras ejidales y comunales- se inició la defensiva de los afectados, que no son pocos, para Oaxaca, que cuenta con una superficie de 9 millones 375 mil 700 hectáreas, de las que 7 millones 408 mil 148 hectáreas son propiedad social- y solo, un millón 967 mil 148 son propiedad privada.
Cinco millones 764 mil 310 hectáreas son comunales y un millón 643 mil 828 son ejidales- que según- pasarían al régimen de la propiedad privada, pero no fue así, pues- después, de dos meses de la aberración oficial – al aprobar la transferencia de lo social a lo privado, el mundo se le vino encima al gobernante oaxaqueño.
El Ejecutivo tuvo que recular a tal grado de comprometerse a derogar el artículo 25 de la Ley de Ingresos para dejar sin efecto el gravamen de impuestos a los bienes ejidales y comunales- ante las presiones de la Unión de Comunidades Forestales de la Sierra Juárez y de los mismos ejidatarios y comuneros.
Fue un error histórico- el haber aprobado dicha ley- sin haber consultado a las partes, cuya irresponsabilidad recayó en el mayoriteo de los diputados de MORENA, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista- por haber legislado al vapor- y sin quitarle un puno o una coma a la iniciativa oficial, manipulados por el oficioso presidente de la Junta Política del Congreso, Sergio López, quien entregó la autonomía del Poder Legislativo al Ejecutivo.
Ahora- los diputados locales- tienen un plazo de 15 días para derogar el contenido del artículo 25 de la Ley de Ingresos, que ellos mismos aprobaron- para dejar sin efecto la transferencia de la propiedad social al régimen privado.
Diputados sin oficio ni beneficio- leales al gobierno- en un 90 por ciento- y solo un 10 por ciento de capacidad, todo lo hace a ciegas.
