- Mujeres indígenas de México exigen protección y justicia para las víctimas.
- 214 organizaciones de mujeres indígenas, afrodescendientes, 344 defensoras indígenas de los derechos humanos, exigen “no más pactos patriarcales y de impunidad.
- Inhabilitación de los funcionarios públicos de su institución que se encuentran implicados.
- En Oaxaca, la difusión de imágenes íntimas de mujeres se castiga hasta con ocho años de cárcel.
Por: María Dolores Peñaloza
Más de 200 organizaciones de mujeres y 300 defensoras de derechos humanos exigen una disculpa pública al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, quien consideró como un “asunto personal” un chat en WhatsApp en el cual funcionarios de su dependencia ejercieron violencia sexual y cibernética contra mujeres mixes de Oaxaca.
«Adelfo Regino, debe disculparse institucionalmente e individualmente, frente a este hecho que victimiza a las mujeres que fueron exhibidas sexualmente sin su consentimiento, reprobar los hechos, y enviar un mensaje contundente a todos los servidores públicos, reprochando, estos hechos, y ejecutando medidas para su esclarecimiento, y garantía de acceso a la justicia». dijeron
A través de un comunicado organizaciones de mujeres indígenas, y mujeres afrodescendientes manifestaron su “preocupación por la violencia ejercida por personal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), mediante la difusión de fotografías íntimas de mujeres indígenas de la nación ayuuk”.
El grupo de Whats App estaba integrado por más de 100 hombres, entre los que destaca Rolando Vásquez, jefe del departamento normativo del control de plazas del INPI, Donato Vargas, ex candidato a diputado local de la región Mixe y también funcionario de la institución de referencia, Juan Eliél Hernández, identificado como lider de grupos de desplazados de la sierra norte, entre muchos otros.
En su denuncia señalan que además, temen que las víctimas directas se encuentren en riesgo, “pues se debe considerar que en las comunidades indígenas el ser funcionario público aporta facilidades para pactos patriarcales y de impunidad”, esto en un país caracterizado “por sus altos índices de violencia machista y racismo”.
El jefe de plazas en la Dirección de Recursos Humanos del INPI, Rolando Vásquez Pérez, renunció a su cargo tras ser denunciado por operar este grupo en WhatsApp, “Sierra XXX”, pero los denunciantes señalan que eso no les es suficiente, pues no se trata de un tema administrativo, sino de un acto de discriminación, y de violación grave a los derechos humanos de las mujeres indígenas. Cabe recordar que la difusión de imágenes íntimas de mujeres se castiga en Oaxaca hasta con ocho años de cárcel.
En el comunicado recordaron que la autoridad de Tamazulapam Mixe, defendió públicamente a este ex funcionario, originario de esta comunidad, lo que mantiene preocupadas e indignadas a las mujeres mixes, quienes solicitaron las siguientes acciones para garantizar el acceso a la justicia, la verdad, y reparación del daño de las víctimas directas:
- Se brinde la protección necesaria a todas las víctimas de estos hechos.
- Las autoridades comunitarias de Tamazulapam del Espíritu Santo, en el ejercicio de su libre determinación, realizar acciones comunitarias para enviar un mensaje claro de cero tolerancia a actos de violencia en contra de las mujeres en nuestros territorios.
- El Director Nacional del INPI debe realizar los actos administrativos correspondientes para la inhabilitación de los funcionarios públicos de su institución que se encuentran implicados
- El Instituto debe dar parte a las autoridades correspondientes ante posibles hechos delictivos, para que de oficio se inicien las investigaciones en contra de los servidores públicos federales que se encontraban registrados en el grupo de Whats App “Sierra XXX.”
- Adelfo Regino Móntes, en su calidad de director del INPI, debe disculparse institucionalmente e individualmente, frente a este hecho que victimiza a las mujeres que fueron exhibidas sexualmente sin su consentimiento, reprobar los hechos, y enviar un mensaje contundente a todos los servidores públicos, reprochando, estos hechos, y realizando las siguientes medidas necesarias para su esclarecimiento, y garantía de acceso a la justicia.
- A la Fiscalía General de la República, atraer el caso de forma oficiosa no sólo como medida afirmativa ante la violencia múltiple que representa para las mujeres indígenas, sino para garantizar la imparcialidad en la investigación del caso, y a través de la participación de la Policía Federal Cibernética, y de esta forma lograr detectar otros delitos graves vinculados al uso de estos catálogos, y galerías fotográficas.
- Investigar a las y los servidores públicos que obstaculizaron el proceso de denuncia, y omitió dar garantías de protección a la víctima.
- Exigimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, que inicien de oficio las quejas y diligencias correspondientes para esclarecer las violaciones a derechos humanos de servidores públicos federales, contra mujeres indígenas ayuuk.
- Garantizar el acceso a la verdad, la justicia, y reparación, bajo los principios de debida diligencia, debido proceso, y máxima protección.
A la condena que realizaron las mujeres indígenas se suman otras organizaciones, como la Red Nacional Abogadas Indígenas, RAI A.C. y unas 50 organizaciones feministas, Servicios para una Educación Alternativa A.C., entre otras.