LA CONSTITUCIÓN DEL BOZAL
Por: Horacio CORRO ESPINOSA
En Oaxaca el poder público fabrica discursos de seda mientras reparte garrotazos.
Acaban de presentar la iniciativa de reforma para reescribir la Constitución del Estado. Son más de doscientas páginas y ochenta y un artículos de retórica. Prometen mandar obedeciendo. Prometen refundar la vida comunitaria. Otorgan derechos a los ríos, a los animales y hasta a la inteligencia artificial. Sobre el papel todo parece una fiesta de concordia universal.
Pero cuando uno escarba en el documento para ver qué le espera al periodista de a pie en el estado más peligroso para informar la farsa se derrumba.
El 22 de julio asesinaron a balazos al compañero Francisco Alejandro Leyva Aguilar. Cuarenta y tres días después, el 3 de septiembre, el gobernador Salomón Jara firmó la iniciativa para reescribir la Constitución de Oaxaca.
¿Y qué le tocó al gremio que sufre los muertos? Una sola oración. Está arrinconada al final del artículo 8. Es el único párrafo de todo el articulado que ni siquiera tiene número. Dice textualmente que el Estado garantizará la seguridad de los periodistas «cuando con motivo de sus actividades se encuentren en riesgo, en los términos de la ley respectiva».
Vamos a leerlo despacio. Dice «cuando». Es decir: después del hostigamiento, después de la amenaza, después del balazo. No antes. Y le cuelgan la trampa burocrática de siempre. Remiten la protección a una ley secundaria que no existe y que no tienen ninguna prisa por discutir.
No crearon un mecanismo de protección. No le asignaron un solo centavo de presupuesto. La iniciativa nombra fiscalías especializadas para delitos electorales y para corrupción. Pero la fiscalía para investigar agresiones contra periodistas no tuvo cabida. No existimos como trabajadores con derecho a salarios justos. No existimos con derecho a contratos. No existimos con derecho a seguridad social frente a las balas.
Para amarrarnos las manos y taparnos la boca fueron puntuales. La iniciativa deja abierta la puerta del daño moral para demandar reporteros en los juzgados locales. Mantiene el concepto ambiguo de orden público como pretexto censor. En cambio en el artículo 9 le otorgaron rango constitucional al gobierno para realizar su propia «difusión directa». Dicho sin eufemismos: el poder se asegura su propio micrófono mañanero para aplaudirse a sí mismo y linchar a las plumas críticas. Mientras tanto condena al periodista a litigar en soledad.
Y sobre el dinero del pueblo guardan silencio cómplice.
El 12 de agosto varios reporteros entregaron un pliego en Palacio de Gobierno. Exigieron transparentar el presupuesto de Comunicación Social. Exigieron publicar los contratos de publicidad de mayor a menor. Exigieron frenar a los funcionarios que operan portales clandestinos.
En la nueva Constitución no hay una sola línea para transparentar la publicidad oficial. El gobernador prefiere conservar la chequera intacta. Prefiere repartir el pastel a discreción. Da convenios millonarios a los dóciles que aplauden de rodillas. Da cerrojos, hostigamiento y asfixia a la libreta independiente.
En Palacio, frente a los periodistas, el gobernador Salomón Jara dijo ser «el principal interesado» en que haya justicia. Su Constitución dice otra cosa.
Los diputados decidirán si somos ciudadanos de primera o de cuarta.
Para este gobierno la prensa nunca ha sido un contrapeso democrático. Somos un estorbo que incomoda cuando pregunta por los contratos. Somos una cuadrilla de peones a los que pretenden domesticar con convenios reducidos. Nos quieren con correa corta. Nos quieren con bozal en la boca. Nos quieren con una oración sin número como epitafio en el expediente de nuestros muertos.
