DETRÁS DE LA NOTICIA

¡LA CRISIS MIGRATORIA QUE VIENE!

Por: Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR/Revista MUJERES

NO DEBE CONVERTIRSE EN CRISIS DE SEGURIDAD NACIONAL CÓMO EL NARCO TRÁFICO

  • La crisis migratoria que vive la Unión Europea, sobre todo, en Francia y España, puede replicarse en México, lo que exige prevención, inteligencia y control institucional; romantizarla o criminalizar a quienes buscan refugio son dos errores igualmente peligrosos.
  • El secretario de Seguridad americano, Markwayne Mullin, afirma que el crimen organizado podría estar detrás de las caravanas migrantes. Aunque la Segob lo descarta por falta de información, reconoce que el tráfico de personas es un delito disfrazado de otra cosa.

La advertencia es oportuna: si Estados Unidos mantiene cerradas sus puertas y México no desarrolla una estrategia institucional eficaz, nuestro país tendrá que afrontar las consecuencias sociales, económicas y políticas de convertirse en destino de permanencia para miles de extranjeros.

¿Puede México importar la violencia migrante que sacude a Europa? La crisis migratoria que viene en México exige prevención, inteligencia y control institucional; romantizarla o criminalizar a quienes buscan refugio son dos errores igualmente peligrosos.

Sin amarillismo, mucho menos con alarmismo, los periodistas críticos, pero también propositivos, tenemos la obligación de anticiparnos a los acontecimientos, identificar riesgos y advertir sobre escenarios que podrían comprometer la seguridad, la estabilidad social y la gobernabilidad del país.

México enfrenta un desafío que no puede seguir siendo tratado exclusivamente desde la perspectiva humanitaria, ni mucho menos desde la conveniencia política: el endurecimiento de las restricciones migratorias de Estados Unidos puede convertir a nuestro territorio en un espacio de permanencia prolongada para miles de personas que originalmente pretendían llegar al norte.

El problema no es la migración en sí misma. Millones de personas migran para escapar de la pobreza, la violencia y la persecución. La inmensa mayoría no representa una amenaza. El verdadero riesgo aparece cuando el Estado pierde capacidad para ordenar los flujos migratorios, identificar situaciones de vulnerabilidad, combatir a las redes criminales y garantizar condiciones de integración.

En ese escenario, México debe preguntarse si cuenta con instituciones, recursos y políticas públicas suficientes para enfrentar una permanencia migratoria de grandes dimensiones, máxime cuando el secretario de Seguridad americano, Markwayne Mullin, afirma que el crimen organizado podría estar detrás de las caravanas migrantes.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación (Segob) lo descarta por falta de información, aunque reconoce que el tráfico de personas es un delito disfrazado de otra cosa.

La ONU advirtió que el crimen organizado provocó el cierre de escuelas, la deserción y el desplazamiento forzado en México, para reclutar a niños y adolescentes, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus observaciones aprobadas el 13 de noviembre.

El organismo pidió al gobierno de México una política nacional para prevenir el reclutamiento y garantizar las clases en las comunidades afectadas por la violencia.

La experiencia europea ofrece lecciones que merecen analizarse, particularmente en Francia y España, donde los debates sobre integración, delincuencia, radicalización, exclusión social y control fronterizo han adquirido una enorme relevancia política.

No se trata de importar mecánicamente diagnósticos europeos ni de atribuir conductas delictivas a comunidades enteras. Se trata de reconocer que los problemas de seguridad pueden agravarse cuando coinciden flujos migratorios mal administrados, mercados laborales informales, marginación, redes de explotación y debilidad institucional.

México no está exento de esos riesgos. Un episodio ocurrido en Chiapas, donde un ciudadano haitiano fue señalado por atropellar a un ciclista y posteriormente agredir a policías, merece investigarse y esclarecerse conforme a derecho. No porque la nacionalidad del presunto responsable permita establecer un patrón delictivo, sino porque cualquier agresión contra ciudadanos o autoridades debe recibir una respuesta eficaz de las instituciones.

Convertir un caso particular en prueba de una tendencia general sería irresponsable. Pero ignorar las deficiencias de vigilancia, registro, atención e integración migratoria también lo sería.

La pregunta de fondo es otra: ¿está preparado México para evitar que una crisis humanitaria termine convertida en una crisis de seguridad y gobernabilidad?

EL NEGOCIO Y LA POLÍTICA MIGRATORIA

Aquí aparece una responsabilidad política que el gobierno de Morena no puede eludir. La política migratoria mexicana debe rendir cuentas sobre sus resultados, sus mecanismos de control y la transparencia en la documentación de extranjeros. Durante años, el discurso oficial ha privilegiado una narrativa de solidaridad que, aunque legítima en sus principios, no puede sustituir la obligación constitucional de garantizar seguridad a los mexicanos.

También deben investigarse, con pruebas y sin especulaciones, las denuncias sobre posibles usos políticos de personas migrantes, su eventual movilización como grupos de choque o acarreados y cualquier irregularidad en los procesos de naturalización.

La nacionalidad mexicana no puede convertirse en instrumento de clientelismo electoral. Si existen denuncias sobre naturalizaciones irregulares o utilización electoral de extranjeros, corresponde a las autoridades documentarlas y deslindar responsabilidades. No basta con lanzar acusaciones, pero tampoco sería aceptable ignorarlas.

Las cifras obligan a tomar el problema en serio. De acuerdo con el balance de la OCDE sobre migración internacional 2026, México registró alrededor de 70 mil solicitudes iniciales de asilo durante 2025. Cuba, Venezuela y Haití encabezaron los países de origen de los solicitantes.

Además, los cambios en las políticas estadounidenses han dejado a numerosas personas en situación de incertidumbre jurídica y económica dentro de territorio mexicano. La saturación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y las limitaciones presupuestales complican todavía más el panorama.

No estamos, por tanto, ante un problema imaginario. Estamos frente a un desafío real de administración pública, seguridad, derechos humanos y gobernabilidad.

MÉXICO DEBE ANTICIPARSE

La experiencia europea tampoco permite sostener que la migración, por sí misma, produzca delincuencia. Un estudio académico publicado en septiembre de 2026, que examinó 33 países europeos entre 2008 y 2023, no encontró una relación estructural entre los flujos migratorios y el aumento del delito. Esta precisión es indispensable para no convertir la preocupación legítima en xenofobia.

Pero sería igualmente irresponsable desentenderse de los conflictos de integración, las redes criminales que explotan a migrantes y las dificultades de seguridad que enfrentan las ciudades receptoras.

México necesita una política migratoria integral que contemple: Registro e identificación confiables de quienes ingresan al país. Verificación documental y mecanismos eficaces contra la trata de personas y el tráfico de migrantes. Coordinación entre el INM, las fiscalías, las policías y las autoridades de protección civil. Capacidad suficiente para resolver solicitudes de refugio y regularización.

Programas de integración laboral y social para quienes permanezcan legalmente en el país.  Investigación transparente de cualquier utilización política o electoral de personas extranjeras.

La seguridad de los mexicanos y los derechos humanos de los migrantes no son objetivos incompatibles. El Estado tiene la obligación de proteger ambos.

No podemos esperar a que los conflictos escalen para reaccionar. Tampoco podemos permitir que la discusión pública sea secuestrada por prejuicios o por intereses partidistas.

La solidaridad sin orden institucional puede convertirse en vulnerabilidad; la seguridad sin respeto a los derechos humanos puede convertirse en abuso.

México necesita inteligencia migratoria, Estado de derecho y prevención. No necesita discursos complacientes, propaganda ni improvisación.

Porque gobernar también significa anticiparse a los problemas, no esperar a que estallen para reconocer que existían.

alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila

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