MORIR EN LAS CARRETERAS DE LA MUERTE, TRAGEDIA HUMANA COTIDIANA EN OAXACA Y MÉXICO
Por: Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR/Revista MUJERES
- Las “carreteras de la muerte“ son un símbolo de la vulnerabilidad de las comunidades, donde la vida y la muerte se entrelazan en un ciclo de desencanto político con los gobiernos de Morena y la 4T, y la desesperanza por la inseguridad y violencia prefabricadas.
- Ciertamente, este fenómeno no es exclusivo ni privativo de Oaxaca; es un problema nacional que refleja las profundas brechas sociales existentes en el país más ahora con el surgimiento de una comalada de nuevos millonarios de Morena y la 4T.
Aunque se maquillen los datos reales, a la luz de los lamentables, dolorosos y, sobre todo, condenables hechos diarios que bañan de sangre al país, es innegable el crecimiento de la inseguridad y violencia.
Prueba de ello, la tragedia humana que enluta cotidianamente a decenas de familias en Oaxaca y en México, al Morir en las Carreteras de la Muerte en las que se protagonizan orgías de sangre inocente.
El cobarde asesinato a mansalva de nuestro amigo ganadero poblano Gregorio Cortés Flores, de 45 años de edad, en la supercarretera 135D Oaxaca–Cuacnopalan poco antes de la caseta de cobro de CAPUFE en Huitzo obliga a compartir una reflexión.
En una nación y estado hundidos en el caos prefabricado para sembrar el terror, manipular y controlar fácilmente al pueblo bueno y sabio las vitales vías de comunicación dejaron de ser “las arterias del crecimiento, desarrollo y progreso“.
Las arterias transportan vida en el cuerpo humano y las carreteras facilitan el movimiento de personas, bienes y servicios. Impulsan el desarrollo económico y social, la conectividad entre comunidades y el turismo.
Una moderna y eficiente infraestructura vial es fundamental para el progreso de una nación, ya que permite el flujo de productos agrícolas, el acceso a mercados y la generación de oportunidades en diversas regiones.
La tragedia humana que se manifiesta en las carreteras de Oaxaca y, en un contexto más amplio, en México, se presenta como un reflejo doloroso de una realidad marcada por la desigualdad, la violencia y el abandono institucional.
Las “carreteras de la muerte“ son un símbolo de la vulnerabilidad de las comunidades, donde la vida y la muerte se entrelazan en un ciclo de desencanto político con los gobiernos de Morena y la 4T, y la desesperanza por la inseguridad y violencia prefabricadas.
Oaxaca, la Gran Señora del Sur, uno de los estados más ricos en cultura y diversidad de México, pluriétnico y pluricultural como ninguna otra entidad federativa, enfrenta múltiples desafíos socioeconómicos.
La pobreza, la falta de oportunidades laborales y la exclusión social han llevado a muchas personas a tomar caminos riesgosos, tanto en su búsqueda de trabajo en otras regiones como en su intento de huir de la violencia.
Ciertamente, este fenómeno no es exclusivo ni privativo de Oaxaca; es un problema nacional que refleja las profundas brechas sociales existentes en el país más ahora con el surgimiento de una comalada de nuevos millonarios de Morena y la 4T.
Las carreteras, lejos de ser solo vías de comunicación, se convierten en espacios donde se manifiestan todas estas adversidades. La falta de infraestructura adecuada, combinada con la escasa vigilancia y la impunidad, hace que estas rutas sean propensas a accidentes mortales, asaltos y, en algunos casos, actos de violencia sistemática contra indocumentados y migrantes.
La violencia en las carreteras de México está vinculada al crimen organizado y al narcotráfico. Los grupos delictivos que operan en diversas regiones del país han convertido estas rutas en campos de batalla, donde se libran luchas por el control de territorios.
Esta dinámica no solo pone en riesgo la vida de quienes transitan por estas carreteras, sino que también deshumaniza a las víctimas, convirtiéndolas en cifras estadísticas olvidadas.
Los migrantes, en particular, son quienes más sufren esta tragedia. Al intentar cruzar el país en busca de un futuro mejor, se enfrentan no solo al peligro de perder la vida en un accidente, sino también a la amenaza constante de extorsiones, secuestros y asesinatos.
La angustia de sus familias, que esperan noticias de sus seres queridos, se une al dolor del silencio cómplice de una sociedad que se siente impotente ante tales realidades. La experiencia de vivir en un entorno donde la muerte es una posibilidad cotidiana tiene profundas repercusiones psicológicas y sociales.
El miedo, la ansiedad y la desconfianza se convierten en elementos omnipresentes en la vida diaria de los habitantes de estas regiones. Las familias que pierden a sus seres queridos en las carreteras de la muerte suelen experimentar un duelo complicado por la manera violenta e inesperada de sus muertes, lo que lleva a un ciclo de sufrimiento que puede durar generaciones.
A nivel comunitario, este contexto de violencia y tristeza puede fomentar la desintegración social, ya que la comunidad se ve atrapada en un estado de alerta constante, donde la solidaridad se debilita y el tejido social se deshilacha.
El sentido de pertenencia y la capacidad de organización comunitaria se ven amenazados por el temor y la desesperanza. Ante esta realidad, es crucial que se implementen políticas efectivas que aborden las causas profundas de la tragedia en las carreteras de la muerte.
Es necesario un enfoque integral que incluya mejoras en la infraestructura vial, mayor presencia de fuerzas de seguridad en las rutas más peligrosas y atención a las necesidades socioeconómicas de las comunidades afectadas.
Asimismo, es fundamental promover una cultura de respeto por la vida y los derechos humanos. La tragedia humana cotidiana en Oaxaca y México, simbolizada por las carreteras de la muerte, es un llamado a la acción y la reflexión.
Es un recordatorio de que detrás de cada cifra hay historias de vida, sufrimiento y anhelos que en cualquier momento nos pueden afectar personal y familiarmente. La solución a este fenómeno no es sencilla ni rápida, pero la urgencia de abordar estas problemáticas es innegable.
En última instancia, la vida de cada persona merece ser dignificada y protegida de manera obligada constitucionalmente por los tres órdenes de gobierno, y es responsabilidad de todos contribuir a un cambio significativo en este sentido.
Esto implica no solo una respuesta gubernamental, sino también la participación activa de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios que trabajen en la reconstrucción del tejido social y en la promoción de alternativas viables para la población.
