UN MÉXICO MILITARIZADO, ¡NO!
Por: Mario CASTELLANOS ALCÁZAR
La disyuntiva del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es no escuchar a la oposición para tomar acuerdos políticos, vía negociación, accesible en materia legislativa para hacer reformas constitucionales que permitan la aprobación de nuevas leyes.
Más bien, a casi 4 años del gobierno de la Cuarta Transformación de México, la 4T, el Jefe de Estado está perdiendo el hilo de la política, entre los 3 Poderes, estos son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y como consecuencia, viene el abuso del poder presidencial, violando la Constitución- y por encima de esta- surgen los decretazos anticonstitucionales.
Este es el caso de la iniciativa de la Reforma Constitucional del presidente de la 4T, que tiene que pasar por el Legislativo para su aprobación, cuyo efecto sería entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a la Guardia Nacional, (GN) organismo de seguridad pública civil, en lo operativo y administrativo, con signos de militarizar a la nación mexicana con un rasgo de autoritarismo.
Cuestión, que es anticonstitucional, si el gobierno se va por la libre y el abuso del poder, si llega a emitir el decretazo, que ya anunció, por su propia cuenta, para lograr su objetivo: entregar a la GN a la SEDENA, montándose al Poder Legislativo, pues esta transferencia solo es constitucional si es aprobada por mayoría calificada de los 500 diputados federales.
MORENA, partido en el poder presidencial- y sus partidos aliados no tienen mayoría calificada, estos tienen 292 diputados e igual número de votos para la reforma constitucional de traspaso de la GN a la SEDENA; requieren 334 votos más, a favor, es decir les faltan 42.
LA Guardia Nacional fue decretada constitucionalmente el 26 de marzo del año 2019, publicada en el Diario de la Federación como una institución de seguridad pública civil como una estrategia de seguridad, por el presidente de los mexicanos en turno, luego de acuerdos legislativos entre MORENA y los partidos de la oposición, hasta ahí, había convenios políticos, cuya condición fue que la GN sería un organismo civil y no militar.
El mismo presidente, así lo había planteado desde la gestación de la GN, que, por supuesto coincidió con la oposición, como política de seguridad, incluso para darle su lugar y prestigio a los militares con la intensión de que estos, regresarían a sus cuarteles como siempre lo había proclamado Obrador desde su campaña electoral.
Resulta que ahora el presidente da el viraje a su política de seguridad, luego de la brutal inseguridad que prevalece en México y la poca factibilidad de la GN, que por supuesto, no dio resultados tangibles, pero también, hay un trasfondo político, la de militarizar a la nación mexicana a lo que se opone la oposición.
Previendo que la seguridad de los mexicanos está en entredicho- más de 121 mil homicidios dolosos y feminicidios en poco más de 4 años de su gobierno, lo que rebasa al sexenio del ex presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa, con 120 mil asesinatos en los 6 años de su administración.
Hay algo más, el gobierno en turno, por cuestiones ideológicas, tiene en mente militarizar a México, dejando entrever un régimen de represión y el monopolio del poder, propio de los países en donde las instituciones civiles no tienen vida democrática y participativa.
Cierto es que el presidente mexicano ya está sabedor que los legisladores de oposición. PRI, PAN, PRD y otros, no darán sus votos a la reforma constitucional para entregar a la Guardia Nacional a la SEDENA, esto, porque MORENA tiene mayoría, pero no calificada, apenas tiene con sus aliados 292 diputados- y se requieren 334, por lo que le faltan 42.
Los 42 votos faltantes que podrían ser del PRI, conjuntamente con el PAN o el PRD, no serán posibles porque estos ya hicieron un pacto de no prestarse a militarizar a México, pues es esto, lo que significa el paso de la GN a la SEDENA, por lo que el presidente se extralimitó para lanzar el decretazo automático desde el Palacio Nacional, violando la Constitución, pero como dice: será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida.
Esto tras los amparos y controversias que presentarán los partidos de oposición, ante la inconstitucionalidad del decreto presidencial, fuera de la ley, que trata de corromper a la Suprema Corte de Justicia, pero como los trámites son tan lentos, la respuesta se dará terminando el sexenio- y todo quedará en el limbo de las injusticias.
