Alamilla, Fiscal sin autoridad jurídica para procurar justicia
Alfredo Martínez de Aguilar/Revista MUJERES
* Las actuaciones del fiscal general del Estado, José Bernardo Rodríguez Alamilla son presuntamente nulas de pleno derecho, al estar viciadas de origen, al rendir protesta y asumir el cargo sin aceptarse su renuncia a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
* Su falta de legitimidad reviste mayor relevancia por la creciente inseguridad y violencia, y el llamado del Gobierno federal y estatal a investigar y sancionar a los responsables de la emboscada de ayer, con saldo de tres muertos que pone en riesgo la paz de la Nación Triqui.
En más que un simple aprieto, en un grave conflicto ha metido la LXV Legislatura del Congreso del Estado al gobierno de Salomón Jara Cruz al designar Fiscal sin plena personalidad ni autoridad jurídica.
¿Qué maldición pesa sobre el poder de los cargos públicos que personas inteligentes y preparadas jurídicamente en materia de derechos humanos como José Bernardo Rodríguez Alamilla aceptan violar la ley?
La Comisión Permanente de Derechos Humanos aceptó la renuncia de Alamilla a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 13 días después de ser nombrado Fiscal. El dictamen será aprobado la próxima semana por el pleno.
En consecuencia, el fiscal general del Estado, representante de la institución de buena fe y de equidad del Ministerio Público, viola la Ley y despacha, de hecho, sin personalidad jurídica ni autoridad moral.
Por tanto, sus actuaciones son presuntamente nulas de pleno derecho al estar gravemente viciadas de origen al rendir protesta y asumir el cargo el 25 de enero sin aceptarse su renuncia a la DDHPO.
Esta irregularidad, de ninguna manera, es un asunto menor, ya que su participación en los diversos casos de procuración de justicia en los que ha intervenido puede ser invalidada por ilegítima.
Su falta de legitimidad reviste mayor relevancia ante la creciente inseguridad y violencia y por el llamado a investigar y sancionar a los responsables de la emboscada con tres triquis muertos más.
Le exhortan la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobierno y la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos.
Ante las declaraciones del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Oaxaca condenan el asesinato de L.C.J, G.M.J y M.R.M. ocurridos ayer.
Los hechos ocurren en el marco del retorno de los desplazados de Tierra Blanca y en la víspera de la visita de las instituciones de los Gobiernos Federal y Estatal a esa comunidad de la zona triqui.
Los hechos se suman a otros ocho eventos violentos suscitados desde el año 2022 a la fecha, que han dejado como resultado ocho asesinatos y otros delitos, los cuales también han ocurrido previo a los intentos de retorno.
La falta personalidad ni autoridad jurídica plena del Fiscal General del Estado deslegitima su actuación frente a los actores e intereses que se oponen al retorno y al proceso de pacificación de la Nación Triqui.
La falta de voluntad política de sectores involucrados en la problemática y actores políticos nacionales y locales confirman nuestros dichos y con el paso de los días nos dan totalmente la razón sobre esta advertencia.
Los intereses de dichos actores apuestan al fracaso del esfuerzo conjunto de los gobiernos que han abierto todos los canales de diálogo posibles, y construido los mecanismos para garantizar el retorno de las familias desplazadas y la pacificación en la Nación Triqui.
A menos de dos semanas de otro ataque armado, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) anunció que se levanta de la Mesa de Paz, Justicia y Bienestar para la Nación Triqui”, en busca del retorno a Tierra Blanca, Copala, Juxtlahuaca.
Octavio de Jesús Díaz, señaló que no volverán a la mesa de pacificación retomada por el gobierno estatal y federal en diciembre, tras los fracasos en el mandado de Alejandro Murat hasta que el gobierno de Oaxaca detenga a los responsables de los asesinatos.
El MULT responsabilizó a Marcos García Junior, Horacio Santiago García y Macario García, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente. “No podemos seguir simulando, no podemos decir que somos cuarta transformación cuando no se hace nada”.
A pesar de estos intereses oscuros y después de un amplio diálogo, se logró consensuar una serie de acuerdos en los que se plasmó la ruta crítica de retorno, como constan en la minuta del pasado 25 de enero del año que transcurre.
El Gobierno federal y estatal reafirma su compromiso con la búsqueda de los mecanismos para garantizar el retorno y la pacificación en la zona triqui, desde un diálogo franco, abierto, público y sin simulaciones.
Convocan a los actores inmersos en el conflicto a respetar los acuerdos firmados, a actuar de manera genuina y anteponer la vida, dignidad y derechos humanos de las personas en situación de desplazamiento forzado interno y en general de los triquis, por encima de intereses políticos, económicos o de otra índole.
