OAXACA COLAPSADO POR CORRUPCION.
Mario CASTELLANOS ALCAZAR.
La detención del ex Procurador de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, del ex director de la Policía Ministerial, Daniel Camarena Flores, seis elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la denuncia contra el ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab (PRI), quien presuntamente recibió un soborno de 84 millones de pesos de Odebrecht para negociar con los legisladores “ El Pacto por México”, que sirvió de puente para aprobar las reformas estructurales propuestas por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Desde luego que estos acontecimientos de corrupción cimbraron a Oaxaca- y por supuesto, a los oaxaqueños, que están a la expectativa, ya que se trata de hechos sucedidos en los gobiernos priistas: José Mutar Casab y Ulises Ruiz Ortiz, ex gobernadores de la entidad oaxaqueña, por lo que estos acontecimientos trastocaron los corrillos políticos- y da mucho que decir de la legalidad y aplicación de la ley para acabar con estos almácigos de corrupción.
Sí, son dos ex gobernadores que se han disputado el poder político en Oaxaca, una entidad llena de pobreza y marginación, sin embargo, la actuación de los gobiernos priistas ha trascendido en el rechazo de los oaxaqueños, que hoy comparten con el gobierno de la Cuarta Transformación de México, Andrés Manuel López Obrador.
La detención del ex procurador de Justicia del Estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, pasó a la historia, después de 13 años de los acontecimientos. Fue aprehendido por una orden de un juez de Jalisco, por la desaparición forzada de dos elementos del Ejército Popular Revolucionario (EPR): Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en el año 2007.
Evencio Nicolás, se desempeñó en el gabinete del ahora ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, quien gobernó en el periodo 2004- 2010. Otros detenidos fueron el ex director de la Policía Ministerial, Daniel Camarena Flores, dos comandantes y cuatro elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI), por la misma implicación de los dos eperristas desaparecidos en el mes de mayo del año 2007 en la capital oaxaqueña.
Luego viene lo más reciente: la acusación en contra del ex gobernador José Murat Casab, quien gobernó a los oaxaqueños en el periodo 1998- 2004, de haber recibido la cantidad de 84 millones de pesos como un soborno de la empresa brasileña, Odebrecht, a través del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin para negociar la aprobación del “Pacto por México.”
Desde luego que José Murat es el autor de la integración del “Pacto por México”, al servicio del presidente Enrique Peña Nieto (PRI), integrado por senadores y diputados del PRI, PAN, PRD y partidos satélites, que se sumaron, pero con un alto costo político y económico para el gobierno federal, una millonada, de hasta 200 millones de pesos para aprobar las reformas estructurales, entre estas, la electoral y la energética.
Estos casos causaron irritación y resquemor, debido, a que se trata de actos fuera de la ley, ilícitos, que ponen en jaque la reputación de los oaxaqueños, en fin, tienen que comprobarse ante la Fiscalía General de la República. En el caso de Murat, Emilio Lozoya, es quien se ve obligado a presentar las pruebas fehacientes de las denuncias que ha declarado en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, así, como de ex diputados ex senadores, que fungieron en la 62 Legislatura Federal, entre estos, dos gobernadores en funciones, estos son, Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas y Francisco Domínguez de Querétaro, en ese entonces, legisladores. Todos implicados en el caso Odebrecht.
Este tema no termina con estos casos, viene la revancha política, de los protagonistas en acción, sobre todo, de la Sección 22 que agrupa a los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que ahora exigen la aprehensión del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, a quien, la base magisterial, no de ahora, sino de siempre, ha pedido juicio político para el ex mandatario oaxaqueño, acusado de la violencia en contra de los maestros en lucha en el año 2006, por el desalojo que hizo de este personal, del primer cuadro de la capital, más agresiones, muertes y desaparecidos con la fuerza policiaca estatal y federal, por lo que los educadores se reorganizaron para exigir la caída de este gobierno, que a punto estuvieron de lograr, pero finalmente, cayó el sistema priista que había gobernado a Oaxaca por siete décadas.
Cayó el PRI en Oaxaca, en las elecciones de gobernador en el año 2010 con la participación de los maestros-más de ochenta mil- que se dieron a la terea de tirar al tricolor en una férrea campaña en contra del candidato ulicista, Eviel Pérez Magaña. Le dieron el voto a Gabino Cue Monteagudo, que procedía de una coalición: PAN, PRD, MC y otros partidos minoritarios. Todos contra el PRI.
También exigen la aprehensión de Gabino Cue, por la masacre del 19 de junio del año 2016 en contra del magisterio y organizaciones civiles, que dio un saldo de ocho muertes, decenas de heridos, desaparecidos y torturados, en el desalojo de la plaza de Nochixtlán, región de la Mixteca.
En fin, los protagonistas políticos, tocados por los actos de justicia, reconocen las acciones del presidente López Obrador, quien ha mantenido estrecha relación con los oaxaqueños, como lo ha demostrado en sus giras que ha hecho a Oaxaca en lo que va de su administración, ahora porque está cumpliendo con el combate a la corrupción.
El encarcelamiento de los ex funcionarios del gobierno de Ruiz Ortiz, es una acción del gobierno federal a través de la Fiscalía General de la República, al igual, en contra de los implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht.
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