DOS MESES DE SIENCIO
Por: Horacio CORRO ESPINOSA
Ayer se cumplieron dos meses. El 22 de julio mataron a Francisco Alejandro Leyva Aguilar en San Pablo Etla.
Aquel día las promesas fueron rápidas. La Fiscalía del Estado difundió un retrato hablado y el video de la moto. La Fiscalía General de la República atrajo el caso. El Gabinete de Seguridad federal anunció que apoyaría las investigaciones. Afirmó que el crimen no quedaría impune. Dos días después el gobernador Salomón Jara prometió modificar la estrategia de comunicación de su administración para no estigmatizar periodistas.
Dos meses después esto es lo que hay.
La familia denuncia que la FGR identificó hace tres semanas al propietario del vehículo en el que huyeron los agresores. Nadie ha sido citado a declarar. Tampoco se sabe si se investiga quién contrató a los ejecutores. Los familiares señalan ausencia de líneas de investigación públicas y retrasos en peritajes. También reportan comunicación limitada por parte de la Fiscalía estatal. Ningún detenido. Ninguna línea confirmada sobre el móvil periodístico. Solo se conoce la ruta de una motocicleta y el dueño de la misma que nadie ha interrogado.
Conviene recordar de dónde venía Alejandro porque la indiferencia empezó antes del disparo.
Artículo 19 documentó desde noviembre de 2025 un procedimiento abierto en su contra. La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado lo inició por una presunta falta de 2019 cuando él dirigía CORTV.
En noviembre Alejandro grabó un video. Dijo que su preocupación no era que lo mancharan. Temía que al no poder mancharlo trataran de callarlo. Anunció que daría seguimiento a las denuncias que ya había presentado. Las interpuso ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y ante la FGR. Denunció al gobernador Salomón Jara, al secretario de Gobierno Jesús Romero López y al consejero jurídico Giovani Vázquez Sagrero.
Mientras tanto el gremio movió lo que pudo. Un grupo de periodistas entregó el 12 de agosto un pliego de diez planteamientos en Atención Ciudadana. Lo fundamentaron en el artículo octavo constitucional. Solicitaron acuse y plazo de quince días hábiles. El plazo venció. La respuesta no llegó.
Otro grupo llevó al Congreso una iniciativa para reformar el Código Penal y agravar las penas por delitos contra periodistas.
Sobre esa iniciativa hay que señalar algo que nadie ha mencionado. Su transitorio segundo establece que las investigaciones iniciadas antes de su entrada en vigor seguirán rigiéndose por las normas anteriores. Es correcto en derecho. La ley penal no tiene efectos retroactivos. Pero significa que la reforma redactada tras el asesinato de Alejandro Leyva no aplica al asesinato de Alejandro Leyva. Si alguien la bautiza con su nombre habrá que aclarar que la ley que lleva su nombre no alcanza su caso.
Hay más. Esa iniciativa agrava las penas para servidores públicos que obstaculicen la difusión de medios. Les añade destitución e inhabilitación. Pero solo para los delitos del artículo 424. El artículo que cubre el homicidio doloso contra un periodista no incluye ninguna cláusula para servidores públicos. En la entidad oaxaqueña, donde el periodista asesinado nombró a tres funcionarios antes de morir esa omisión merece una explicación. No afirmo que quienes redactaron la iniciativa hayan actuado con mala fe. Pero la omisión es demasiado evidente para ignorarla. Puede ser descuido. Puede ser cálculo. No puede ser casualidad. Quienes redactaron esa iniciativa deben responder.
El mismo documento presume que no genera impacto presupuestario. En el mismo texto ordena a la Fiscalía capacitarse con su presupuesto autorizado. No crea una sola plaza. Una reforma que no cuesta nada es una reforma que se aprueba sin resistencia.
El sábado pasado sobre la carretera Cristóbal Colón los compañeros de Alejandro hicieron lo que las fiscalías no han querido hacer. Mostraron frente a los automovilistas cómo se calla a un reportero. Su hermano Jesús pidió justicia otra vez. Advirtió que habrá más ejecuciones por el ciclo electoral que se avecina. Y alguien en esa protesta resumió dos meses en cinco palabras. Lo que se ve no se juzga.
Sesenta y dos días sin el moscardón. La impunidad en Oaxaca no es un desenlace. Es un método. Y este método funciona con puntualidad.
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