EL MIEDO DE LAS MUJERES A DENUNCIAR TAMBIÉN ES VIOLENCIA
Por: Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
EL MAYOR TRIUNFO DE LA IMPUNIDAD Y LA DERROTA DEL ESTADO DE DERECHO
- La verdadera responsabilidad del Estado mexicano comienza cuando una mujer denuncia acoso, amenazas, violencia familiar, hostigamiento laboral o agresiones sexuales y espera una respuesta inmediata. La prevención no puede seguir siendo el eslabón más débil de la política pública.
- La impunidad también se alimenta en los hogares, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las redes sociales y en los espacios políticos donde todavía se toleran expresiones de misoginia, abuso de poder y violencia simbólica contra miles de mujeres de todos los estratos sociales.
La valiente y digna denuncia de María Felicia Jiménez contra el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, para proteger a sus hijos, obliga a la reflexión. En una carta dirigida a la periodista Azucena Uresti, afirmó que vivió amenazas, humillaciones y violencia. Llama a otras mujeres a no guardar silencio.
El miedo a denunciar también es violencia. Que una mujer tema más denunciar a su agresor que soportar el acoso, la violencia o la humillación constituye uno de los mayores fracasos del Estado de derecho. Es la prueba más contundente de que la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes creen que pueden violentar, controlar o degradar a una mujer sin enfrentar consecuencias.
Oaxaca no escapa a esa realidad. La entidad ha registrado en los últimos años una constante exigencia de colectivos feministas, organizaciones civiles y familiares de víctimas para que las denuncias no se pierdan entre expedientes interminables, investigaciones deficientes o resoluciones tardías. Cada protesta en las calles es también una acusación contra un aparato institucional que, con demasiada frecuencia, reacciona solo cuando un caso alcanza notoriedad pública.
No basta con condenar la violencia cuando un feminicidio conmociona a la opinión pública. La verdadera responsabilidad del Estado comienza mucho antes: cuando una mujer denuncia acoso, amenazas, violencia familiar, hostigamiento laboral o agresiones sexuales y espera una respuesta inmediata. La prevención no puede seguir siendo el eslabón más débil de la política pública.
Pero sería un error atribuir toda la responsabilidad al gobierno. La violencia contra las mujeres también encuentra refugio en una cultura que todavía normaliza el machismo, minimiza el acoso, cuestiona a las víctimas antes que a los agresores y convierte la denuncia en un proceso de desgaste emocional. Mientras subsista esa lógica perversa, el agresor seguirá sintiéndose protegido por el silencio colectivo.
La impunidad no solo se construye en los tribunales. También se alimenta en los hogares, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las redes sociales y en los espacios políticos donde todavía se toleran expresiones de misoginia, abuso de poder y violencia simbólica. Cada comentario que desacredita a una mujer por denunciar fortalece la cultura del miedo. Cada autoridad que minimiza una denuncia envía un mensaje devastador: la violencia puede salir barata.
El machismo sigue reproduciéndose en los hogares, en las escuelas, en los centros laborales, en los partidos políticos y en las redes sociales. Sobrevive cuando se cuestiona la conducta de la víctima antes que la del agresor; cuando se normaliza el acoso como una “broma”; cuando el poder protege al poderoso y exige silencio a quien denuncia.
Y precisamente ahí radica uno de los mayores desafíos de México. La justicia no puede depender de la presión mediática, de las tendencias en redes sociales o de la capacidad de movilización de las víctimas.
Un Estado democrático está obligado a garantizar la misma protección para todas las mujeres, sin importar su condición económica, su origen indígena, su profesión, su filiación política o el lugar donde vivan.
En Oaxaca, donde convergen profundas desigualdades sociales, comunidades indígenas con sistemas normativos propios, zonas urbanas en expansión y regiones históricamente marginadas, ese desafío adquiere una dimensión aún mayor.
La protección de los derechos de las mujeres exige instituciones con capacidad de actuar en todo el territorio, personal capacitado con perspectiva de género y una coordinación efectiva entre las instancias de seguridad, procuración e impartición de justicia. Sin esos elementos, la ley corre el riesgo de convertirse en una promesa incumplida.
No existe democracia plena cuando las mujeres sienten miedo de ejercer uno de sus derechos fundamentales: denunciar. No puede hablarse de Estado de derecho mientras una víctima calcule si acudir a la autoridad pondrá en mayor riesgo su integridad, su empleo, su patrimonio o incluso su vida.
La grandeza de un país no se mide por el número de leyes que aprueba ni por los discursos que pronuncian sus gobernantes. Se mide por la confianza que inspira a sus ciudadanos para exigir justicia. Y hoy, esa confianza sigue siendo una asignatura pendiente.
El desafío es claro: construir un México y un Oaxaca donde denunciar deje de ser un acto de heroísmo para convertirse, simplemente, en el ejercicio de un derecho. El día en que ninguna mujer tenga que elegir entre guardar silencio o arriesgarse por exigir justicia, ese día podremos afirmar que la igualdad dejó de ser un discurso para convertirse en una realidad. Mientras tanto, cada mujer que calla por miedo representa un recordatorio de que la impunidad continúa siendo uno de los principales enemigos de la democracia y del Estado de derecho.
alfredo_daguilar@hotmail.com director@revista-mujeres.com @efektoaguila
