PODRÍA NARCOTRÁFICO FINANCIAR ESTALLIDO POLÍTICO-SOCIAL EN MÉXICO
Por: Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR/Revista MUJERES
EN VENGANZA POR LA TRAICIÓN DE LOS NARCOPOLÍTICOS
- El vínculo entre la narcopolítica y las revueltas sociales en América Latina se analiza por EU principalmente como “narcoterrorismo” con la desestabilización política y la creación de bases de apoyo popular mediante el uso de recursos ilícitos. México y Oaxaca no son la excepción.
- La creciente agitación social en el país, sin herramientas para frenarla por falta de dinero y de visión, sensibilidad, humildad y exceso de soberbia, provoca que de enero a septiembre de este año se registraron tres mil 108 bloqueos, plantones, marchas y manifestaciones en la CDMX.
Reportes de inteligencia y análisis de seguridad de Estados Unidos revelan que el narcotráfico y el crimen organizado financian revueltas, bloqueos y protestas sociales en América Latina y en México, usándolos como herramientas de desestabilización política o control territorial.
Aunque la gran mayoría de las manifestaciones ciudadanas de la región nacen de demandas legítimas contra la pobreza, injusticias y la corrupción, los cárteles aprovechan la vulnerabilidad social y el malestar para infiltrar y manipular estos movimientos. Claro ejemplo de ello es Oaxaca.
El vínculo entre la narcopolítica y las revueltas sociales en América Latina se analiza por EU principalmente como “narcoterrorismo” con la desestabilización política y la creación de bases de apoyo popular mediante el uso de recursos ilícitos. México y Oaxaca no son la excepción.
En este sentido, las investigaciones de inteligencia y análisis de seguridad de Estados Unidos y de México no descartan el financiamiento del narcotráfico y del crimen organizado en varias de las principales organizaciones político-sociales de Oaxaca incluyendo a la Sección 22 del SNTE-CNTE.
La creciente agitación social en el país, sin herramientas para frenarla por falta de dinero y de visión, sensibilidad, humildad y exceso de soberbia, provoca que de enero a septiembre de este año se registraron tres mil 108 bloqueos, plantones, marchas y manifestaciones en la CDMX.
Destacan las movilizaciones de agricultores, transportistas y de los trabajadores disidentes del IMSS, y las crecientes protestas y bloqueos de las madres y familiares de los desaparecidos, como la que cerró desde el martes casi en su totalidad la autopista México-Toluca durante más de 20 horas.
En la Agenda Nacional de Riesgos de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de México no se descarta que el narcotráfico podría financiar estallidos sociales con sus bases de apoyo popular en venganza por la traición de los narcopolíticos que los entregan al gobierno estadunidense.
Destacan las movilizaciones de agricultores, transportistas y de los trabajadores disidentes del IMSS, y las crecientes protestas y bloqueos de las madres y familiares de los desaparecidos, como la que cerró desde el martes casi en su totalidad la autopista México-Toluca durante más de 20 horas.
En la Agenda Nacional de Riesgos de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de México no se descarta que el narcotráfico podría financiar estallidos sociales con sus bases de apoyo popular en venganza por la traición de los narcopolíticos que los entregan al gobierno estadunidense.
El presidente Donald Trump catalogó a organizaciones criminales narcoterroristas transnacionales a las venezolanas Tren de Aragua y Cártel de los Soles, Clan del Golfo de Colombia, la salvadoreña Mara Salvatrucha MS-13, y los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La misma designación del gobierno de Estados Unidos recibieron los cárteles mexicanos del Noreste (CDN), fracción de Los Zetas; la Nueva Familia Michoacana (LNFM), del Golfo (CDG), Cárteles Unidos (CU), Cártel de Juárez y Los Viagras, añadidos en julio de 2026.
El Gobierno de Javier Milei incluyó al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana en su lista de organizaciones terroristas, junto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como Los Tiguerones de Ecuador.
Los dos cárteles del narcotráfico mexicanos fueron declarados organizaciones terroristas por Argentina. Las cinco organizaciones serán incorporadas al registro antiterrorista de Argentina para fortalecer la prevención, la detección de riesgos y la cooperación internacional con Estados Unidos.
Los principales ejemplos y mecanismos son la Desestabilización de Gobiernos y Bloqueos en Bolivia. Organismos internacionales y la alianza de seguridad regional Escudo de las Américas han denunciado que protestas campesinas radicales destinadas a derrocar o presionar a gobiernos democráticos son respaldadas con “dinero sucio procedente del narcotráfico”.
En Guatemala se ha documentado la colusión de la narcopolítica entre políticos locales y narcotraficantes para pagar a manifestantes y financiar bloqueos de carreteras. El objetivo criminal es desviar la atención de las fuerzas de seguridad para despejar rutas de tráfico.
En Colombia grupos armados tradicionalmente de izquierda radical como el ELN y disidencias de las FARC operan bajo un modelo híbrido donde las demandas sociales y la insurgencia política se financian directamente con el control de las economías del narcotráfico y la minería ilegal.
En Ecuador bandas criminales y las Pandillas aliadas a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), como Los Choneros, Los Lobos o Los Tiguerones, han mutado hacia el narcoterrorismo, generando motines y violentas olas de parálisis urbana para chantajear al Gobierno.
En zonas con escasa presencia del Estado, el narcotráfico asume el rol de “autoridad local”. Financian infraestructura, regalan insumos o apoyan movilizaciones comunitarias para ganarse la base social, creando un “escudo humano” frente a las intervenciones militares o policiales.
