LIQUIDACIÓN PRESIONADA
Por: Carlos CASTELLANOS ALCÁZAR
El 12 de diciembre del año 2024, el gobierno estatal dio una descomunal paliza- fuera de ley y derechos laborales a mil 344 trabajadores al servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, al ser despedidos por el decreto 24- dictaminado insensiblemente y sin premeditación jurídica.
Los diputados de la LXVI Legislatura del Estado mayoritearon el voto de los diputados de MORENA y sus aliados, del PT y el Verde Ecologista y de pilón los de oposición- que son unos cuántos, todos supeditados al régimen morenista- accedieron a la consigna del gobierno estatal- por lo que se hizo realidad la violación flagrante de los derechos laborales de los trabajadores con más de 10 años de antigüedad, mismos que fueron despedidos con el decretazo 24, aprobado por el Legislativo.
Fue una decisión política que empezó mal y terminará mal con un costo político, social y crucial para el gobierno oaxaqueño- en turno, pues a partir de la fecha del decreto, los trabajadores violentados, iniciaron en su defensa una lucha sin cuartel- junto con otros gremios del sector salud, el magisterio y organizaciones en demanda de sus derechos, esto causó el rechazo rotundo contra el mandatario- hasta pedir su revocación de mandato por los abusos del poder.
Demandas de justicia social que llegaron hasta el Palacio Nacional a los oídos de la presidenta, Sheinbaum, quien ya tiene antecedentes de dichas injusticias, pues había sido interceptada en una gira que hizo a la entidad oaxaqueña, no obstante escuchar los reclamos, rechiflas y protestas en conta del Ejecutivo de quien ya pedían su revocación de mandato.
Ahora, las amonestaciones son contra el adalid oaxaqueño- que al no contar con valores y principios, mas que la impunidad- no le quedó otra, que anunciar a través del Secretario de su gobierno, Jesús Romero López, que a los despedidos-se les liquidará en sus derechos por ley en reconocimiento a su antigüedad en el servicio- para lo cual, se instalarán mesas de recepción para indemnizar a los trabajadores que no fueron restituidos, que son más de 600- salvo los que fueron recontratados, casi el 50 por ciento.
Ya queda en los despedidos- si aceptan o no- la liquidación forzada y represiva- como una salida política o continúan en los procesos jurídicos a través de juicios laborales- tal parece- que el gobierno no reconoce la torpeza de su consejero jurídico, Geovani Vásquez Sagrero, quien es el responsable del trámite criminal cometido con los burócratas, lejos de advertir- y tomar en cuenta- la cruenta descalificación al Ejecutivo- al no sopesar la vía jurídica y las consecuencias de alto costo político para el mandatario.
La liquidación, aun sea conforme a derecho- es una forma forzada y quizás obligatoria para los demandantes con el fin de salir del apuro- que implica la vanidad aberrante de la cúpula oficial, es una forma de represión y deslealtad, acciones cometidas en el ejercicio del Poder, pero esto- no limpia la reputación e imagen del gobierno- pues no importa, cuenta más la acción e inmoralidad- esto ya no se borra, ya queda plasmado en la historia fallida como un atentado fuera de sentido.
Los incidentes voluntarios e involuntarios quedan plasmados en los anales de la historia de un gobierno que pregonó desde su campaña electoral y ya en el poder, que seria un aleado de los derechos humanos, que no habría más injusticias, ni más corrupción, desafíos, violencia, ni fraudes- que todo sería una primavera y un proceso de cambio con mejores índices de bienestar social, pero está en veremos, ¿que sigue más adelante?
Fue una escalada de mala racha para los actores políticos en el gobierno, contraproducente, todo se le vino como un torrente, así, se dio origen al conflicto de los burócratas, que únicamente se defienden, fueron víctimas de revanchismo de los gobiernos estatales- a decir del actual- fueron excesos de sus antecesores: Gabino Cué y Alejandro Murat- quienes traficaron con las plazas ¡y eso, que!- se debe proceder contra los autores intelectuales, que gozan de impunidad mientras el régimen en turno ha fracasado en el combate a la corrupción, o la fomenta.
